47 Al igual que la Constituciones de Alemania y de la Nación Argentina. 304-305, sostiene que el principio de oportunidad reglada asegura de por sí un tratamiento general idéntico para casos análogos —atributo que justamente se echa de menos en la verdadera oportunidad—. Deja tu WhatsApp…, Confirman suspensión de servidor responsable de la contratación de ‘Richard Swing’…, Ideas de regalos por Navidad para abogados y abogadas, LP busca la revancha en partido de fútbol contra el Instituto…, 7 series de Netflix que debes ver si eres abogado o…, Hacia un diagnóstico para el mercado laboral peruano, Deloitte: ¿qué mecanismos legales se debe emplear para reemplazar la firma…, Cuando un juez sufre por un hijo… [publicación viral], Padre cambia de género en sus documentos porque en su país…, Clase en vivo por Zoom sobre liderazgo y habilidades blandas para…, El rey de los ternos en Gamarra… estudió derecho. A fin de sortear distracciones, no hablaremos tampoco de "principio de necesidad", "indefectibilidad" o nulla poena sine iudicio, que ciertos tratadistas asimilan al de obligatoriedad, pues con aquellos se suele aludir a algo distinto, a saber, que "el proceso penal es obligatorio para averiguar la infracción criminal, descubrir al autor, juzgarle y, sobre todo, imponer la pena", Prieto-Castro, L. y Gutiérrez de C., E., Derecho Procesal Penal, 2a ed., Tecnos, Madrid, 1982, p. 90, o en otras palabras, para referirse a la necesidad del Estado de acudir al proceso para hacer valer el ius puniendi de que es titular. Fernández, M.Á. cit., p. 144, quien anota que la ley podrá determinar el ámbito en que puede operar la oportunidad, los presupuestos, requisitos y condiciones necesarios para que aquella alcance virtualidad; y/o los medios de control para asegurar que el MP no incurra en arbitrariedad, pero no la oportunidad en sí misma, esto es, el margen de decisión que la discrecionalidad comporta, so pena de dejar aquel concepto (la oportunidad) vacío de contenido. Comentarios a la ley de medidas urgentes de reforma procesal II, Tirant lo Blanch, 1992, pp. Este constituye un cerco normativo al ius puniendi estatal, del cual no se desprende una formulación positiva que obstaculice incorporar legislativamente el principio de discrecionalidad u oportunidad. Posteriormente la doctrina jurisprudencial de este Tribunal evoluciona hasta plantear una "discrecionalidad no arbitraria", según la cual "el fiscal, al tener la dirección exclusiva de la investigación, puede ejercer ciertas facultades de manera discrecional. 5 Ejercer la acción penal, strictu sensu, significa formular la acusación, según explica Prieto-Castro y Gutiérrez, ob. 1 Tales reparos se han presentado principalmente a raíz de la imposibilidad de la víctima-querellante de ejercer la acción penal mediante la acusación particular si previamente el MP ha omitido formalizar cargos contra el imputado-querellado. Introducción y normas básicas, 1a ed., Bosch, Barcelona, 1985. el principio de generalidad constituye un requerimiento directamente dirigido al legislador para que tipifique como hecho imponible todo acto, hecho o negocio jurídico que sea indicativo de capacidad económica, pugnando así contra la concesión de exenciones fiscales que carezcan de razón de ser. Es así como puede advertirse esta deficiente regulación, entre otros tantos aspectos -no pretendemos aquí una enunciación exhaustiva-, en materia de archivo provisional (art. No obstante la aparente simplicidad conceptual de esta delimitación, al depender el ejercicio de la acción penal de una valoración del MP, si esta se lleva a cabo equivocadamente al estimar que el hecho imputado no constituye delito o que constituye un delito de menor penalidad al que jurídicamente corresponde, puede en último término impedirse por el acusador estatal la persecución de un delito así como la imposición de la pena establecida en la ley si el legislador no ha previsto remedios efectivos para ello. Finalmente, el principio de legalidad habría de gobernar la ejecución de las penas". Principio de Obligatoriedad y Principio de Determinación de la Obligación Tributaria por el Sujeto Pasivo. Pero, ¿por qué decimos que la voluntariedad es tan importante? de Derecho Procesal. La Ley y el Delito, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 92. Montero, J., Gómez, J., Ortells, M. y Montón R., A., Derecho Jurisdiccional, Proceso Penal, III, Bosch, Barcelona, 1991. cit., pp. 83 CPR y el art. Parte General (Acorde al Nuevo Código Penal de 1995), Cedecs, Barcelona, 1996, p. 31, explican que "el principio de legalidad, para satisfacer la reivindicación que pretendía lograr había de actuar en diversos frentes. NOMBRE: CARTAGENA DELGADO LUIS EDUARDO. 166 CPP). En la potestad discrecional, en cambio, hay uno o más de dichos elementos abiertos, entregados al órgano respectivo para ser completados por su apreciación subjetiva. Hassemer, ob. Gómez C., J.L., El proceso penal alemán. 83-84, suscribe que la expresión "discrecional" solo cabe en un único tipo de contexto, "cuando alguien está en general encargado de tomar decisiones sujetas a las normas establecidas por una autoridad determinada". De acuerdo con lo que marca la propia fracción IV del Artículo 31 Constitucional, el contribuir a los gastos públicos de la Federación, de las Entidades … El concepto antagonista a la "obligatoriedad" es el de "discrecionalidad" en el ejercicio de la acción penal, y con ello apuntamos a la autorización legal dada al MP para decidir a su arbitrio33, la no iniciación, suspensión o abandono de la persecución penal, no obstante que los antecedentes conocidos del delito y su autor permitirían iniciar la investigación y requerir la imposición de una sanción penal34. 91-124. De ahí que la garantía constitucional de legalidad sustantiva no sea ni equivalente al principio de obligatoriedad de la acción penal, ni obstaculice incorporar legislativamente el principio de discrecionalidad u oportunidad. cit., p. 519. Delgado, J., "El principio de oportunidad en el proceso penal", en AAVV, La Reforma del Proceso Penal. Y este deber de castigar, si procediere por parte del órgano jurisdiccional, deriva del carácter público del ius puniendi que materializa con su sentencia, derecho público que está subordinado siempre al ejercicio de su función —a diferencia de los derechos de los particulares—, y como tal debe ejercitarse en forma necesaria. This is carried out with the aim of enabling the interested reader to properly distinguish and individualize them when examining a specific procedural system. Tampoco nos abocaremos al estudio etiológico de la dicotomía obligatoriedad-discrecionalidad, y nos concentraremos en un análisis de sus usos modernos o relativamente modernos. Prada, J., "España", en Maciá, R., Sistemas de Proceso Penal en Europa, Cedecs, Barcelona, 1998, pp. 19 N° 3 incs. Del mismo modo, diversos autores sostienen hoy una concepción extendida del principio de legalidad, aprisionando en la misma abrazadera su aspecto material como adjetivo, así, los mismos autores citados, íbidem p. 34, consideran como garantías que derivan del principio de legalidad, las siguientes: la garantía criminal, la garantía penal, la garantía de ejecución, y la garantía jurisdiccional, significando esta última que "las sentencias condenatorias (y obviamente las absolutorias) no pueden ser dictadas más que por Tribunal competente y tras cumplir los requisitos y garantías del proceso"; Muñoz C., F., Introducción al Derecho Penal, B de F, Buenos Aires, 2001, p. 135, señala que el principio de legalidad "establece que la intervención punitiva estatal, tanto al configurar el delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus consecuencias, debe estar regida por el 'imperio de la ley', y que por ello prefiere llamar 'principio de intervención legalizada'; Cerezo M., J., Obras Completas. Corporate author : Global Education Monitoring Report Team ISBN : 978-92-3-300192-3 Collation : 570 pages : illustrations Language : Spanish Also available in : English Also available in : العربية Also available in : Français Year of publication : 2022 ¿Qué importancia tiene la relación obligatoriedad del contrato con la ley a? 290-291; y, De la Oliva, ob. El Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, en acuerdo de 14.03.1990, cit. cit., p. 8, asevera que el derecho penal material determina no solo los límites de la punibilidad, sino que tiene además la misión de reafirmar y asegurar las normas fundamentales de una sociedad. Castro, C., Resabios Inquisitivos en el Proceso Penal Chileno, Metropolitana, Santiago, 2010. Comentarios, Concordancias y Jurisprudencia, 2a ed., Librotecnia, Santiago, 2006, p. 189, también comprenden en el principio de legalidad a los principios de "promoción necesaria" y de "irretractabilidad". En el actuar no arbitrario, en cambio, hay motivo, es decir, un antecedente de hecho y de derecho en que se funda; y hay una justificación, es decir, un proceso racional de una decisión que la explica en fundamentos objetivos. 13 y ss. 62 y ss. Por ello se habla de las diversas garantías contenidas en el mismo. Lo primero que tiene que apreciar el Fiscal (mediante una calificación jurídica) es si el hecho es constitutivo de delito, pues la acción solo procede cuando lo sea. Montero, J., Ortells, M. y Gómez, J., Derecho Jurisdiccional. cit., pp. cit., p. 313; y, Horvitz y López, ob. Ambos, el Ministerio Público que ejerce la acción penal y juez que conoce y resuelve la acusación, están vinculados al principio de legalidad". cit., p. 522. De Argentina a Europa, un grito de justicia; La Lucha contra el olvido. v.t. cit., pp. 237 CPP) y el acuerdo reparatorio (art. Para este autor, ídem pp. Ruiz V., Estudios de Derecho procesal penal, ob. por Rodríguez, N., La justicia penal negociada. cit., p. 540. v.t. Garrido M., M., Derecho Penal. Un examen de la evolución de la jurisprudencia constitucional en esta materia, en Piedrabuena, G., "Rol del Ministerio Público en el nuevo proceso penal", en Revista Chilena de Derecho, vol. 4, Sep. 1976, p. 653-654, por su lado, sigue una concepción aún más difusa, indicando que la discrecionalidad puede mejor ser vista como un concepto residual, como el espacio dejado para juicios subjetivos por los estatutos, reglas administrativas, decisiones judiciales, patrones sociales y presiones institucionales que pesan sobre la decisión oficial. 186 CPP opera también respecto de terceros no intervinientes que ven afectado el ejercicio de sus derechos constitucionales, con dudas si incluye o no a la víctima, y Aguilera, La participación, ob. Penal español, según el cual: "no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales"; Bustos, J. y Hormazábal, H., Lecciones de Derecho Penal, vol. 124.2 de la Constitución española, y además puntualiza que aunque el art. 83 CPR y 77 CPP). 2. 7 Quintero, G., y Morales, F., y Prats, M., Curso de Derecho Penal. El mismo, en Estudios de Derecho procesal penal, Comares, Granada, 1995, pp. 8-11. Principio de la exclusividad v obligatoriedad de la función jurisdiccional Este principio nos indica que nadie puede irrogarse en un Estado de Derecho la función de resolver conflictos de intereses con relevancia jurídica, sea en forma privada o por acto procesal. 759-760. Proceso Penal, Bosch, Barcelona, 1991, p. 14; y, Bustos, J., Derecho Penal. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León. cit., pp. En la oportunidad reglada tal discrecionalidad se restringe generalmente a la delincuencia bagatelaria y bajo ciertas condiciones en las cuales el legislador estima ausente un interés público en la persecución, o privilegia otros valores. 25.2 del mismo texto no formula expresamente el ius puniendi como deber del Estado de castigar, sí presupone ese deber del Estado respecto de las conductas que sean tipificadas como delitos; Montero, et al., Derecho Jurisdiccional. Este ejemplo fue seguido por el Tribunal Constitucional español, el cual, en 1993, precisó que el artículo 18.4 de la constitución española consagra un derecho fundamental autónomo al disponer que la ley debe limitar el uso de la informática para garantizar la intimidad, el honor y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 13-14, y, Armenta, ob. 29 Bordalí, La acción penal, ob. Muñoz M., S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, T.I, 1a ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2004. Cómo proceder cuando se desea vender o traspasar una compañía, Incapacidad laboral en contratos por prestación de servicios, Implicaciones y retos del Acuerdo de Escazú. 183-195. 39, 1998, pp. Spanish Por esto la obligatoriedad del reconocimiento mutuo depende de la inclusión de precisiones adicionales en el procedimiento de registro simplificado. Añadiendo el adjetivo 'reglada' —se argumenta— es la propia ley quien fija las condiciones de aplicación del principio de oportunidad y, por ende, no constituye una excepción sino una variedad de la propia legalidad. IV. [9] Este último principio suele erróneamente ser entendido retributivamente como un "deber de castigar", y además, de castigar solo con la pena establecida en la ley y no otra, tampoco otra menor, y por ello, como naturalmente opuesto al principio de discrecionalidad u oportunidad24. 8 Vgr. Únicamente una "concepción dinámica de la discrecionalidad", que no pierda de vista la actitud de los Tribunales frente a las actuaciones del MP, nos ofrecerá una visión acabada y global de nuestro sistema procesal45. cit., pp. En el mismo sentido, Andrés I.P., "Por un Ministerio Público 'dentro de la legalidad', en Nueva Doctrina Penal, 1998/B, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1998, pp. XX, 1999, p. 426, es precisamente en ese sentido fuerte que debe tratarse el problema de la discrecionalidad del MP.  Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons, http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/37619281-b7ff-4923-aa67-ba43abd267c0/Rev+23_5+control+judicial+anterior+a+la+formalizacion+de+la+investigacion.pdf?MOD=AJPERES. Sumilla: Cuando el artículo 1361 del Código Civil prescribe la obligatoriedad de los contratos en los que se haya expresado en ellos, proclama la fuerza inevitable del … Para Del Río, Proceso penal, consenso de las partes, ob. cit., T. II, p. 485 (n. 58) avalan que "el principio de legalidad jamás ha sido entendido a favor del Estado o de la sociedad, sino del ciudadano, a quien el propio Estado le garantiza que no intervendrá punitivamente sobre él en tanto el hecho que se le impute no se encuentre previsto y descrito en una ley dictada con anterioridad a la comisión del hecho"; y, con agudeza, Couso S., J., "Oportunidad versus legalidad: entre economía político-criminal, despenalización, prevención y principios garantistas", en Cuadernos de análisis jurídico, núm. 25 El principio de legalidad, en la formulación latina acuñada por Feuerbach, nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, se constituye en una de las conquistas centrales de la Revolución Francesa y queda plasmado en el art. PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO. 2, diciembre 2008, pp. Piedrabuena, G., "Rol del Ministerio Público en el nuevo proceso penal", en Revista Chilena de Derecho, vol. Sánchez M., M., Discrecionalidad administrativa y control judicial, Tecnos, Madrid, 1994, pp. 20, 2005, p. 298. Nuestro TC, en control preventivo Rol N° 1001-2007 de 29.01.2008, el segundo previniente a la declaración de constitucionalidad de los inc. 1° y 2° del art. Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico. 38 De la Oliva, ob. Añade que el control de la legalidad recae sobre el aspecto reglado del acto o actuación de la Administración, sin que el aspecto discrecional sea susceptible de control alguno. Estas pueden ser reconducidas a dos grandes grupos: garantías legales, que afectan el quomodo de las leyes penales (que deben ser claras, precisas, escritas, estrictas e irretroactivas) y garantías formales o procesales, referidas tanto a la determinación de los órganos en quien residía la potestad de dictar leyes como a la precisión de los órganos encargados de aplicarlas. Couso S., J., "Oportunidad versus legalidad: entre economía político-criminal, despenalización, prevención y principios garantistas", en Cuadernos de análisis jurídico, núm. Perazzo, P., "La acción en el Nuevo Proceso Penal", en Revista de Derecho Procesal, núm. 17 Se ha seguido en esto a Pierry A., P., "El control de la discrecionalidad administrativa", en Revista Chilena de Derecho, vol. 39, 1998, pp. Bullemore, V. y Mackinnon, J., Curso de Derecho Penal. Una especificación de dicho principio general es el de legalidad procesal en cuanto regula las precisas potestades y funciones del MP en la investigación y en el proceso penal, y ordena que los fiscales ejerzan y sustenten la acción penal pública "en la forma prevista por la ley" (art. 22, 24-25, inserta el principio de obligatoriedad dentro del ejercicio de las funciones del MF con sujeción al principio de legalidad que mandata el art. Mera, J., Derechos Humanos en el Derecho Penal Chileno, Conosur, Santiago, 1998. El art. De acuerdo con lo dicho entonces, el poder discrecional no es susceptible de graduaciones; existe o no. Maturana, C. "El Sobreseimiento", en Revista de Derecho Procesal, 2005, N° 20, pp. 3. están detalladamente definidos por la norma que las confiere. Continúan apuntando que "la inadecuación de la noción de derecho subjetivo es aún más patente si se acepta que la potestad punitiva radica en los Tribunales. Correo electrónico: merodrig@uc.cl. … En la primera, precede, al efecto de determinar preliminarmente los límites y las directrices impuestas al poder discrecional, una interpretación, aunque de segundo grado, que se extiende a la investigación de los fines de la ley, pero a ella sigue una ulterior apreciación para actuar según los criterios de conveniencia y oportunidad, tanto de los intereses concurrentes como de las varias líneas de conducta posibles para la solución de su conflicto. 1, Sección Estudios, 2003, pp. Digámoslo de otra forma, la pretensión punitiva que obligatoriamente deberá perseguir el MP es aquella que corresponde al delito en el que se encuadra el hecho de que ha tomado noticia, investigado y acreditado, y no otra. cit., p. 480, a su turno, apostilla que en cada acto administrativo existe un aspecto reglado y un aspecto discrecional, siendo excepcionales los casos de actos exclusivamente reglados, e imposibles de concebir los actos puramente discrecionales. Así, la relación entre estos elementos es de exclusión, pues en la medida que un elemento no sea reglado será residualmente discrecional, y por tanto no susceptible de control judicial18. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal … Luis E. Naranjo Corredor Binder, A., Introducción al derecho procesal penal, 2a ed., Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004. Deja tu WhatsApp para recibir las diapositivas, Curso completo de responsabilidad civil. Para Gandulfo, E., "Principios del derecho procesal penal en el nuevo sistema de procedimiento chileno", en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, vol. 4 Maier, ob. 8° de la Declaración de los Derechos del Hombre de 26 de agosto de 1789. Rev., vol. Esta concepción de discrecionalidad se encasilla dentro de la "discrecionalidad política o de oportunidad", consistente en la posibilidad de ejercer la acción penal según criterios extrajurídicos, implicando por tanto un juicio de pura conveniencia. 3 Debemos, antes de continuar, efectuar una aclaración metodológica. En el ordenamiento nacional, el principio de legalidad se recoge en el art. cit., p. 34, requiere en aquella el control del órgano jurisdiccional sobre si el caso es de los que la ley autoriza abstractamente a tratar con criterios de oportunidad, y sobre si amerita concretamente dicho tratamiento; y, Conde-Pumpido, ob. 18 En relación con las potestades de la Administración, Muñoz M., ob. Todo esto empeora en el procedimiento simplificado de resolución inmediata, en el que ni siquiera se contempla algún precepto al cual echar mano para que el órgano jurisdiccional efectúe un control previo como el que se dispone en el procedimiento abreviado, con la consiguiente inacción de nuestros Tribunales. 2 Para un acabado y crítico estudio sobre estas prácticas, v. Del Río F., C., Proceso penal, consenso de las partes y enjuiciamiento jurisdiccional, Librotecnia, Santiago, 2009. 1, Sección Estudios, 2003, pp. cit., p. 215, añade sobre la oportunidad libre lo siguiente: "un sistema tan abierto, que rompe con toda idea de plena sumisión a la ley y al Derecho dado, resultada extraño a nuestra cultura jurídica [europeo-continental] y a nuestra concepción de un Estado de Derecho y pugna, además, con los sentimientos de justicia de nuestra sociedad, por lo que difícilmente es trasladable a nuestro ordenamiento". [en línea] [consulta: 21 noviembre 2012], pp. 12 y ss. L. cit., T.I, p. 48, reafirman que en la oportunidad libre o simplemente discrecionalidad es también el legislador quien deja a la absoluta discreción del MP el no inicio, suspensión, interrupción o cese de la persecución penal. Frente a ello, el primer paso es reconocer tal configuración, y luego definir institucional y políticamente si es la más conveniente al sistema de justicia criminal a que aspiramos, manteniéndola, o incluso potenciándola, o muy por el contrario, reconocerla como el producto de una defectuosa regulación, y coherentemente, abocarse a su modificación y corrección. Maier, J., Derecho Procesal Penal Argentino, T.I., vol. se obliguen a cumplir … 50 Maturana y Montero, ob. 209-210, estiman que el mecanismo del art. Del Río F., C., Proceso penal, consenso de las partes y enjuiciamiento jurisdiccional, Librotecnia, Santiago, 2009. En otro sentido débil, se expresa con el término discrecionalidad que algún funcionario tiene la autoridad final para tomar una decisión que no puede ser revisada ni anulada por otro funcionario. No hace falta gastar muchas palabras en este punto, pues no es un asunto doctrinal controvertido, aun cuando los estudios de la cátedra no suelan ser lo suficientemente explícitos sobre este aspecto en sus definiciones6. Es así sustentable que "todo derecho público implica al propio tiempo un deber de ejercicio y que, en términos de derecho público, facultad de castigar y deber de castigar son términos correlativos"32. Aguilar, C., Manual de Derecho Procesal Penal Oral, Metropolitana, Santiago, T.I, 2004. PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD Artculo 3. 21 Mera F., J., "Comentario de Jorge Mera", en AAVV, El Ministerio Público para una nueva justicia criminal, Fundación Paz Ciudadana, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1994, p. 167. En este encuadre del hecho al derecho, salvo que la ley autorice al MP actuar a su arbitrio o discreción, debe atenerse exclusivamente a la correcta aplicación de la legalidad sus-tantiva22, obligación que implica asimismo, que la sanción que el Fiscal postule en su acusación debe ajustarse únicamente a la ley penal sustantiva, salvo, otra vez, que la ley autorice a sopesar criterios de oportunidad en ella23. 4. 257-268.