conflictos socioambientales en el perú 2022

Es en ese sentido, podemos llamar a este tipo de procesos de diálogo multiactor como mediación socioambiental. El escenario de conflictividad hasta aquí desarrollado es uno pre pandemia Covid-19. Este conjunto de lagunas –en especial la laguna El Perol– es considerado la principal fuente de agua para la agricultura y el equilibrio ecosistémico. Otra exigencia de los actores sociales era que la empresa minera Xtrata-Tintaya elevara del 3 por ciento al 30 por ciento sus aportes voluntarios por utilidades anuales, además de demandas respecto a la remediación ambiental de pasivos mineros. 1.5 al 30.5 de la Carretera Iquitos-Nauta. Los resultados de las empresas mineras y su contribución a la economía se vieron afectados en 2014 con la caída de los precios de los metales en el mercado internacional. Sin embargo, no es poco común encontrar que las partes en conflicto consideren que el rol del facilitador se circunscribe a la moderación o conducción de una reunión o evento de diálogo en específico y coyuntural, más que pensarlo como el rol del gestor de un proceso complejo –que evidenciamos duran casi un año en promedio–, que implica el diseño participativo, la implementación, el monitoreo y la sistematización, y que para ello se necesita de un equipo de trabajo debidamente coordinado que atienda los aspectos logísticos, comunicativos, informativos, políticos, institucionales y metodológicos, así como los temáticos en discusión. Dado que los conflictos socioambientales emergen en contexto de asimetría de poder, es de reconocer que las acciones civiles no violentas, la incidencia pública, los mecanismos legales a nivel nacional e internacional, así como los estándares de responsabilidad social empresarial, contribuyen a construir condiciones donde las relaciones de poder sean más equitativas y, por lo tanto, más favorable al diálogo y la negociación que presuponen niveles de autonomía de la voluntad y la horizontalidad en la toma de decisiones. La conflictividad socioambiental en el Perú no puede ser mirada y entendida solo a través de situaciones de conflictos en particular, sino en una perspectiva más amplia del contexto histórico de la conflictividad social a fin de identificar los patrones, las dinámicas, las complejidades y los factores estructurales de fondo en las que se enraíza. Así empezaron a aparecer preocupantes noticias sobre casos de contagio en Antamina, una de las empresas mineras con mejor reputación de seguridad y prácticas de responsabilidad social corporativa, y de una gran importancia para el sector minero. Los primeros días de junio navegaba por Twitter cuando vi un cuadro que me dejó sorprendido. Defensoría del Pueblo invoca al Estado, las comunidades y empresas a persistir en el diálogo. Aunque el conflicto empieza a fines de los ´90, las acciones colectivas más importantes se dieron entre 2000 y 2001, a través de protestas, consultas vecinales municipales, y campañas de incidencia internacional y nacional, apelando a que se trataba de una zona agrícola bajo amenaza de donde provenían los mejores limones, ingrediente fundamental para el cebiche, símbolo cultural nacional de la culinaria peruana. En suma, se trata de cumplir la aún pendiente promesa republicada hacia el bicentenario de la República en julio de 2021. AsÃ como,Â las acciones de prevenciÃ³n y gestiÃ³n de conflictos socioambientales. José de Echave, exviceministro de gestión ambiental, menciona que esta mina tiene una agenda compleja al estar rodeada por comunidades campesinas con distintos pedidos: para algunas prima lo económico; para otras, lo socioambiental. Los hilos de la madeja Visión de la conflictividad social en el Perú actual. La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (2020), conformada por el gobierno del presidente Martín Vizcarra para recomendar reformas en el sector minero, en el contexto de una nueva crisis alrededor del proyecto Tía María, toma como referencia que, en el período 2016 a 2019, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales relacionados con la minería siguen representando, con un 43 por ciento, el mayor número de casos en el panorama de la conflictividad. Aunque en el Perú se usa más el término de facilitación del diálogo que el de mediación, la naturaleza del proceso y del rol de tercero imparcial y confiable para las partes, que busca generar las condiciones procesales y comunicaciones para la resolución del conflicto mediante acuerdos consensuados y satisfactorios, básicamente es el mismo. Finalmente, cada vez se hace más compleja la problemática de la minería artesanal informal como ilegal, en creciente control de espacios territoriales y acceso a niveles de representación política. ¿Dar un respiro a la Constitución durante la pandemia? En agosto de ese año el gobierno de Alberto Fujimori aplicó medidas de shock económico para frenar la hiperinflación.3Zapata, I. "Se hace más difícil orientar el conflicto por … (2020). Perured.pe| A nivel de los gobiernos regionales hubo intentos de desarrollar oficinas especializadas de gestión de conflictos, pero que no se llegaron a consolidar. Ponen evidencia las cosmovisiones y los modelos de desarrollo en tensión, y las dificultades del diálogo interculturalidad, así como la asimetría y la desconfianza entre las partes. La situación se agrava cuando el Estado recurre a fuerzas especiales en el marco de convenios con las empresas mineras, que desde la sociedad civil son cuestionan como inconstitucionales. Evolución Socioeconómica del Perú 1990-2010. http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/997DD9A6365FC18805257D8F0061B2CC/$FILE/1_pdfsam_evolucionsocioeconomicadelperu.pdf. En la primera parte,Â se informa sobre la dinÃ¡mica de la conflictividad social, con mayor intensidad en la zona sur del paÃs. comprabien.com| La gran y mediana minería es competencia del gobierno nacional, al igual que la gestión de conflictos, tanto a nivel sectorial (desde sus respectivas oficinas especializadas) como de la Presidencia de Consejo de Ministros (instancia coordinadora intersectorial a través del Vice Ministerio de Gobernanza Territorial). LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL PERÚ - Video en contexto. La implementación de servicios sociales en salud, educación como infraestructura de riego y comunicaciones. Tras años de inversión y numerosos estudios, en el 2014 la empresa china Minerals and Metals Group, conocida como MMG, adquiere Las Bambas. Durante el cuarto mes del año surgieron cuatro nuevos conflictos y 220 acciones colectivas de protestas. En este perÃodo se han aprobado normas vinculadas a la gestiÃ³n de conflictos sociales, ademÃ¡s de la creaciÃ³n de nuevos espacios de diÃ¡logo. Las comunidades afectadas suelen denunciar un hecho que no necesariamente afecta su ecosistema, solo para que sus pedidos repliquen a las autorid... El exministro del Ambiente exhortó a la Fiscalía y al Poder Judicial a fortalecer la lucha contra la minería ilegal. El MTC emitió un comunicado en febrero donde informa que esta obra, con un avance del 12%, beneficiará directamente a 650 mil habitantes. Si en esta coyuntura hay una gran inestabilidad política, la consecuencia es que la confianza en las instituciones disminuye". Por otro lado, la minería es uno de los sectores de mayor nivel de transnacionalización en la economía peruana, es así que también entraron a operar importantes corporaciones mineras como Anglo American, BHP Billiton, Rio Tinto, Doe Run, Newmont, Xstrata y Hudbay. Entre 1980 y 2000 el Perú vivió un período de violencia marcado por acciones terroristas de los grupos subversivo Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) contra la sociedad y el Estado, la violencia armada de grupos paramilitares, así como por las violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes de las fuerzas del Estado, en el marco de lo que fue calificado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como un conflicto armado interno, utilizando las categorías del Derecho Internacional Humanitario.1 Este período de violencia y crisis social, que se conjugó con una crisis económica2, emergió de una fractura social de desigualdad y exclusión dejando profundas heridas. De esta manera, desde una mirada estructural, panorámica y en retrospectiva, los años ´80 estuvieron marcados por los procesos hacia el regreso a la democracia (Constitución de 1979 y proceso electoral de 1980 luego de una década bajo el régimen militar) y el estallido como la expansión de la conflictividad armada, durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde; la conflictividad laboral, así como la crisis socioeconómica y política del primer gobierno de Alan García. informe_febrero_ogasa_2022_f.pdf (format PDF / 2 MB) El presente informe, desarrolla las … La comunicación puede ser simplemente compartir información técnica dentro o fuera del marco de los procesos de diálogo, como lanzar mensajes publicitarios a un público más amplio, no necesariamente vinculado al conflicto, para promover nuestra posición; o para persuadir, pero no para conectarnos con quien tenemos el desafío de enfrentar el problema común. Hubo muchos intentos en ese sentido, tanto a nivel legislativo como ejecutivo sin que hayan prosperado. Además, esta intermisión del conflicto ha paralizado la construcción de lo que se conoce como Chalcobamba I, ampliación que ya fue mencionada párrafos atrás. Los actores sociales en el conflicto consideran que no hay posibilidad de convivencia entre ambas actividades productivas, siendo mutuamente excluyentes por la disponibilidad existente de agua en la zona. Características de los conflictos mineros. De hecho, el perfil político de alcance nacional del actual presidente Martín Vizcarra se forjó en el contexto del conflicto socioambiental minero alrededor del proyecto Quellaveco (Anglo American), donde como gobernador regional de Moquegua asumió un rol de facilitador de un proceso de diálogo multiactor con perspectivas de desarrollo, más allá de la gestión de la crisis, a través de la Mesa de Diálogo de Moquegua donde se lograron amplios consensos, que incluyeron compromisos de inversión social y cuidado ambiental por parte del proyecto minero de alrededor de los mil millones de soles. Conflictos sociales en la minería 2017-2019, según la Presidencia del Consejo de Ministros. En la primera parte se presentan los avances en los espacios de diálogo. Según información del CEPLAN y el INEI, la pobreza disminuyó del 54 por ciento, a inicios de la década de 2000, alcanzando el 20 por ciento en 2018 (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2011; Instituto Nacional de Estadísticas, 2019). La dinÃ¡mica de la conflictividad social se mantiene activa con mayor intensidad en la AmazonÃa y la zona sur del paÃs. Fue a través de la mediación de la Iglesia y la conformación de un Comité de Alto Nivel con la participación de ministros de Estado que, finalmente, se resolvió la crisis mediante acuerdos que incluyeron la anulación del proceso de privatización. La comunicación se la puede manejar unilateralmente dando mensajes que pueden ser controlados. Inteligencia artificial en marketplaces: ¿el futuro de las compras en línea? Por su lado, la Defensoría del Pueblo a través de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, además de su intervención en conflictos sociales, cuenta con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO) que alertar sobre el estado de los conflictos sociales. Hay que cuidarse del diálogo nominal que los actores sociales perciban como un medio para hacer dormir sus legítimas preocupaciones y derechos (el término comúnmente usado por los actores sociales en el Perú es el de. En esta perspectiva un enfoque de transformación de conflictos es más adecuado que los meramente resolutivos o de manejo de conflictos. De catorce ministerios consultados, solo la PCM cuenta con una disposición normativa que establece pautas para promover la participación de las mujeres en espacios de diálogo, a pesar que los conflictos sociales como una modalidad de violencia contra las mujeres fue incluida en el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021. Otro elemento a consideran en el escenario de conflictividad más reciente pre pandemia, es que desde 2016 hasta fines de 2019, se desarrolló un conflicto político de entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, controlado por la oposición, que tuvo como trasfondo procesos de reforma política y procesos anticorrupción alrededor del mega caso Odebrecht. Así llegamos a 2012 –luego de las tensas elecciones nacionales de 2011 y la presión de los conflictos sociales–, año en que se creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), que representó el mayor esfuerzo realizados en el desarrollo de una institucionalidad para la gobernanza alrededor de los conflictos sociales. La sensación de maltrato y discriminación por parte de los funcionarios de las empresas. En estas circunstancias de crisis con potencialidad de acciones destructivas y riesgo a la gobernabilidad democrática es que los conflictos cobran visibilidad y preocupada atención del Estado. Tampoco se tradujo en un mayor fortalecimiento de las instituciones de la democracia para la provisión de dichos servicios públicos de manera universal, de calidad y en igualdad de oportunidades, para acortar la histórica falta de presencia estatal, o deficiente presencia, en los territorios, así como para el cuidado del medioambiente, especialmente el agua como recurso natural que, además de ser de gran de valor cultural para las comunidades altoandinas –donde se desarrolla mayormente la minería metálica–, es fundamental para las actividades agrícolas sobre las que se configuran sus modos de vida y economías tradicionales. (2020). En una nota más positiva, este año los apurimeños recibirán S/314.5 millones por el tan aclamado canon minero, el primero que desembolsa la compañía y equivalente al 50% del pago del Impuesto a la Renta. (2017). Un tercer caso emblemático es el de Tambogrande. Las reuniones continÃºan siendo mayoritariamente no presenciales o virtuales, algunas presenciales como las realizadas en... La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe nÂ° 003-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la prevenciÃ³n y gestiÃ³n de la conflictividad socio ambiental del MINAM del mes de marzo de 2022. En un balance de la conflictividad social realizado en 2017, la Defensoría del Pueblo daba cuenta que entre 2009 y 2015, los conflictos socioambientales representaron en promedio más del 50 por ciento de los casos, considerando además que, dentro de ese período, entre 2013 y 2015, la proporción fue mayor llegando a casi el 60 por ciento (Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 2017). Mina Las Bambas, en Perú. Uno de los sectores que más aporta conflictos socioambientales a Perú es la minería. Bloomberg Línea — La Defensoría del Pueblo de Perú presentó una nueva radiografía de los conflictos sociales que se presentaron en el mes de mayo de 2022, en el que los socioambientales tienen un gran peso. En el 2004 se produjeron movilizaciones masivas por la intangibilidad dicho cerro como fuente de agua, frente a la intensión de Minera Yanacocha de ampliar sus operaciones para la extracción de oro. Estos datos nos permiten decir que una significativa porción de los conflictos sociales, en su mayoría socioambientales mineros, se resuelven mediante un abordaje a través de procesos de diálogo que empiezan en fases de alta tensión, aunque hayan sido demandas que se presentaron en etapas tempranas, y que son conducidos por el Gobierno Nacional, alcanzando acuerdos con bajo nivel de seguimiento y parcial cumplimiento, y que los resultados son dispares en cuanto a la sostenibilidad de la estabilidad social lograda. Por otro lado, la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (2020), también pondera que la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM), a través de sus oficinas especializadas en la gestión de conflictos, registró en sus informes Willaqniki, un número de conflictos sociales –entre 2017 a 2019– con tendencia a la baja. (Parte II), Inteligencia artificial en marketplaces: ¿el futuro de las compras en línea? Ello a pesar de contar con normas y manuales para el respeto de los derechos humanos. DirecciÃ³n de InformaciÃ³n e InvestigaciÃ³n Ambiental, Av. A esta conclusión se llegó luego de examinar 505 actas suscritas entre octubre de 2017 y octubre de 2018, correspondiente a 120 mesas de diálogo, y de entrevistar a profundidad a sus participantes. La finalidad de este servicio es sumar valor a las noticias y establecer un contacto más fluido con nuestros lectores. ofertop.pe| Es en ese contexto donde se sitúa el inicio del desarrollo de la actividad minera privada en el Perú a inicios de la década de los ´90, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, con la dación de la nueva Ley General de Minería de 1992 y otras normas promotoras de procesos de privatización y promoción de la actividad privada. (2011). El diseño como la implementación de los procesos debe ser una construcción participativa con los propios actores involucrados. Mucho de lo que pasa a nuestro alrededor se relaciona con la economía y los negocios. Y muchas veces los procesos de diálogo se inician en situaciones de crisis para manejarlas y no como procesos sistemáticos con enfoque preventivo. Y que es en la década de los ´70, bajo el gobierno militar de Juan Velazco Alvarado, mediante procesos de expropiación, nacionalización y estatización, que la actividad minera se concentró en manos del Estado (Ley General de Minería de 1971). La participación ciudadana en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la implementación efectiva de la consulta previa, libre e informada como derecho colectivo de los pueblos indígenas u originarios. Defensoría del Pueblo del Perú. Este proyecto minero, originalmente bajo propiedad estatal, ubicado en la provincia de Espinar en el departamento de Cusco, venía arrastrando por décadas pasivos sociales y ambientales. Inversión Extranjera Directa en el Perú vs. el número de conflictos socialesy conflictos socioambientales según el estado del conflicto 2008-2017. En la primera parte del informe se presentan los avances en la gestiÃ³n de los 48 casos de conflictos socioambientales priorizados por el MINAM y el respectivo seguimiento de compromisos. Sí, leíste bien, 41%. Esto releva que los conflictos se desarrollan con un mayor nivel de intensidad y energía social, pasando de una fase a otra en un corto tiempo y que el Estado tiene un enfoque de diálogo, en la práctica, no como un mecanismo preventivo sino de gestión de crisis, como lo hemos hecho notar previamente, a pesar del desarrollo de una institucionalidad para la gestión pública de los conflictos sociales. (2015). Así mismo, el corredor minero fue bloqueado desde las primeras horas del día, siendo los principales puntos de bloque el puente amistad y puente San Martin. La empresa construyó represas de agua argumentando que así se mantendría el balance hídrico (primero el agua, después la mina). Incluso antes de esta última paralización, el BCRP proyectaba reducciones en la inversión privada minera de 0.8% para el 2022 y de 15% para el 2023. El diálogo implica abrirse a un grado de incertidumbre, para crear algo nuevo en conjunto y en colaboración de otra parte. El caso se fue cerrado a través de transacciones extra judiciales con distintos grupos de afectados, muchos de los cuales con los años manifiestan sentirse insatisfechos con el resultado legal. Esta vez se establecen los objetivos y las funciones más activas como la de proponer planes de acción para la prevención y atención de los conflictos sociales, formas de intervención específicas, asesoría y seguimiento de los conflictos sociales. Con respecto al impacto en la región de Apurímac, se anuncia que se han perdido S/176 millones y se han despedido a 3 mil trabajadores de empresas relacionadas a Las Bambas. Lo anterior no implica que en toda intervención como mediador socioambiental se pretendan transformaciones institucionales y culturales que modifiquen definitivamente las condiciones estructurales de fondo. Desde una perspectiva general se observa que este ciclo de conflictividad socioambiental de las primeras décadas del siglo XXI, se caracteriza por una ausencia de marcos que articulen los conflictos bajo una unidad de objetivos, más bien se evidencian como estallidos sin conexión orgánica y con agendas propias, algunas más orientadas a las oportunidades de desarrollo, otras a los beneficios transaccionales y las demás a la resistencia como al rechazo por razones socioculturales territoriales o por razones de percibida incompatibilidad de actividades económicas, sintetizada en el conocido lema de las protestas sociales: agro Sí, mina No. Cada caso tiene sus particularidades que están condicionadas por el contexto. En suma, los conflictos socioambientales en minería muestras una alta complejidad, dinamismo e interdependencia de múltiples factores estructurales de contexto como las relaciones de poder, la institucionalidad, las expectativas sociales, los recursos económicos, las identidades culturales y los cuidados ambientales. Advertencias crecieron en 10 con respecto al mes anterior. Las reuniones continÃºan siendo mayoritariamente virtuales, algunas... La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe nÂ° 005-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la prevenciÃ³n y gestiÃ³n de la conflictividad socio ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM) del mes de mayo de 2022. Las reuniones continÃºan siendo mayoritariamente virtuales, algunas presenciales como las realizadas en los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua... La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe nÂ° 004-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la prevenciÃ³n y gestiÃ³n de la conflictividad socio ambiental del MINAM del mes de abril de 2022. En ese mismo sentido, es una buena práctica que quienes realicen roles de mediación y facilitación tengan vínculos con la docencia y la investigación académica para enriquecer la teoría como la práctica de ida y vuelta. El cuidado de los recursos naturales, especialmente el acceso, uso y manejo del agua, así como su calidad y cantidad, tanto por su importancia ambiental y cultural, como por ser de interés para el desarrollo de la agricultura y la ganadería como actividades económicas tradicionales. De acuerdo con el jefe de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad, Rolando Luque, gran parte de la explicación se encuentra en los espacios previo al diálogo, donde se define el poder, construyen los liderazgos y se marcan los roles de género (Luque, R. 2020). Escribe Rodrigo César Sánchez Noriega, alumno de Economía de la Universidad del Pacífico. En eses sentido, según el estudio, al parecer el comportamiento de la IED es más sensible a la coyuntura internacional que a los conflictos sociales, lo cual iría en un sentido explicativo contrario a los argumentos que atribuyen la caída de la inversión con los conflictos sociales y, como consecuencia, abogan por la necesidad de un enfoque de intervención más represivo a fin de cuidar el crecimiento económico. De acuerdo con el dirigente, las exportaciones bolivianas por puertos peruanos están “completamente paralizadas” por los bloqueos de carreteras y protestas en el sur del … En Minería, conflicto social y diálogo (págs. En los casos más intensos y complejos en proceso de escalamiento en crisis, el Estado recurrió con frecuencia a la declaración de estado emergencia, con ello suspendiendo derechos como los de reunión y haciendo uso de la fuerza estatal para la recuperación del orden público. No hay un mediador/ra con capacidad para sostener y resolver un conflicto de alta intensidad y complejidad emocional durante un tiempo prolongado en los que se necesita grandes inversiones y esfuerzos de energía personal. En el Perú, los conflictos han crecido en los últimos años de manera más intensa, duradera y con agendas más complejas, han movilizado cada vez a mayor cantidad de personas quienes se perciben afectadas o excluidas por la actividad, el 50% de los casos reportados por la Defensoría del Pueblo (2005) fueron categorizados como socioambientales, de los cuales alrededor del … Esta reducción en el presupuesto afectará la ejecución de inversión pública que se tenía planeada, en especial a la ansiada Vía Evitamiento de Abancay, a la que, según lo proyectado, se le destinarán S/52 millones, y que el año pasado ejecutó 91% de los S/81 millones asignados. La gestión de fideicomisos y fondos sociales para abordar demandas de desarrollo social y económico de alcance local y departamental. Perú 2015, Anuario Minero, Reporte Estadístico. Presidencia de Consejo de Ministros. Hay también una creciente preocupación por la existencia de convenios entre empresas mineras y fuerzas públicas, las cuales fueron recogidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Según la Defensoría del Pueblo, hasta noviembre del 2022, en el país hay 221 conflictos sociales, de los … Durante la década de los ´50, ´60 y ´70 la ciudad de Lima vivió oleadas de migración procedentes de todo el país. Sin embargo, haciendo un seguimiento a las respuestas del Estado frente a la conflictividad social, y en particular frente a la conflictividad socioambiental minera, observamos que esta fue por lo general de tendencia reactiva más que preventiva y proactiva, y dio signos de una gestión pública sobrepasada y desarticulada a nivel horizontal, intra gubernamental (entre sectores del Gobierno Nacional), y vertical, inter gubernamental (entre el nivel nacional y los gobiernos regionales y locales). avansys.edu.pe| Un dato que consideramos importante señalar, que coadyuva al propósito de optimizar y dinamizar las normas sobre resolución de conflictos socioambientales mineros en el Perú, es la suscripción del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, que … Fuente: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 2017. El nuevo contexto reconfiguró el panorama de conflictividad del país. Cabe mencionar que los actores de la sociedad civil organizada vinieron realizando diversos roles. El MINAM ha priorizado la atenciÃ³n de 42 casos. La dinámica en ese punto de escalada es de estigmatización, de lamentos y acusaciones de uno y otro lado, en el eco de los medios de comunicación locales y nacionales, hasta que eventualmente se convoca al diálogo para la gestión de la crisis. Desde un enfoque de casos y tipos de conflictos –más allá de las formas de las manifestaciones conflictivas–, ese mismo año la Defensoría del Pueblo hizo un balance en el que identificaron 50 conflictos sociales en total. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo propone una serie de indicadores y metodologías de medición para tomar en cuenta en la gestión de los conflictos que impulse reformas para una intervención más integral del Estado. Fuente: Informe Final de Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible en base a la información de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en sus reportes Willaqniki. Desde la cosmovisión de las comunidades, además hay un vínculo de carácter cultural territorial que tiene que ver, entre otros, con el acceso, el uso y el manejo de los recursos naturales. Conflictos sociales según tipo (2009-2015). La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe n° 003-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la … De acuerdo con el servicio de consultoría Macroconsult, Las Bambas, que representa el 72% del PBI de Apurímac y 1% del PBI nacional, le ha pagado a la región S/1,115 millones en regalías desde que inició operaciones. El Perú es un Estado unitario, por lo tanto, las competencias de los gobiernos regionales son limitadas. El desafío será construir condiciones para que el diálogo y la negociación se realicen de manera constructiva más allá de los posicionamientos cerrados. Luego vendría el caso del Baguazo en junio de 2009. En el caso de la minería, los conflictos laborales son los que cobraron notoriedad, a través de reclamos por la continuidad de operaciones sin respetar normas de la emergencia, los temores de contagio en los centros de trabajo, la falta de oportuna atención a los trabajadores contagiados, así como la desmovilización y el pedido de retorno a sus lugares de residencia habituales. En ese sentido, en algunos casos y espacios territoriales, la gestión de la seguridad fue priorizada por sobre la gestión del conflicto y la gestión pública, incluso luego de haberse logrado el restablecimiento del orden público. Los desplazados por/de la guerra en el Perú. Esta situación que removió la política nacional, y que tuvo como desenlace la disolución constitucional del Congreso, profundizó el descrédito y la desconfianza en el Estado y las instituciones públicas, desgastado las capacidades de respuesta del gobierno a los actores de los conflictos sociales, que se habían convertido en foco de la agenda política nacional (Las Bambas, Apurímac, y Tía María, Arequipa). Raúl Allain. LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN EL PERÚ Presentación 4 1. Chávez, J., Irigoyen, M., (2019) recuerdan que desde el antiguo Perú (Tahuantinsuyo), y durante la época de la colonia española, se había desarrollado una intensa actividad minera. Por otro lado, el desempeño menos favorable es atribuido a las PCM y el Ministerio de Energía y Minas. Hacia el mes de mayo de 2020, se hicieron púbicas las noticias de 210 de casos de contagio en Antamia, veintiún casos en HudBay, ocho casos en Antapaccay, ocho casos en Chinalco, seis casos en Bateas, dos casos en Impala, un caso en Cerro Verde, un caso en Tinka Rsourses y uno en Nexa Resourses. Incendian Municipalidad de Espinar y camionetas particulares diciembre 14, 2022; Observatorio de conflictos mineros del Perú- segundo semestre 2022 diciembre 14, … En el 2016, se inicia la operación comercial y 2022 es el año en que Las Bambas realiza el primer desembolso por conceptos de canon minero. Otro dato significativo es que los principales participantes como actores primarios son las empresas extractivas, las comunidades campesinas (forma de organización comunitaria mayormente ubicadas en zonas altoandinas, donde se desarrolla la actividad minera principalmente), los gobiernos locales y los frentes de defensa; y, que en el 78.5 por ciento de los casos donde participaron actores con lengua distintas al castellano (31.8 por ciento del total de procesos de diálogo) fue el quechua. Conflictos socioambientales: La pugna entre las comunidades y las actividades extractivas presentes en el 2022, Gobierno tendrá que resolver 80 conflictos socioambientales, Presentan el geoportal ‘Geografías en Conflicto’, Julio registró el mayor número de conflictos socioambientales del último año, Reportan 191 conflictos sociales en enero del 2020, Advierten sobre la posibilidad de un nuevo «caso Interoil» en el Lote 192, Autoridades sectoriales encargadas de aprobar EIA se reúnen con el Minam, Minam y Goresam capacitan para evitar conflictos socioambientales, “La solución a los conflictos sociales en minería es la legalización”, Defensoría del Pueblo registró 175 conflictos activos en abril, Cinco razones para no tener un botadero en Loreto, Ministro del Ambiente: “Vivimos una conflictividad social propia de los países en crecimiento”, Madre de Dios: Manifestantes bloquean puente Billinghurst y toman calles de Puerto Maldonado, San Martin: Reforestarán franja marginal en tramo de la carretera Fernando Belaúnde, Cajamarca: Incautan cerca de dos mil pies tablares de madera ilegal en Tabacones. (2014) resaltan entre los factores que explican este traumático período de conflictividad armada la decisión de los grupos alzados en armas de confrontar con extrema violencia y terror al Estado peruano buscando su destrucción y la imposición de otro orden institucional y social; las abismales brechas sociales; el centralismo histórico en el que se establecieron las enormes distancia entre Lima como la capital y el resto del país, que no solo era geográfica, sino también económica, demográfica, social y política; la violencia estructural de exclusión, desigualdad, división y discriminaciones étnico culturales y raciales; la falta de legitimidad del Estado por su sentida ausencia o distante presencia o, incluso, amenazante presencia; los vacíos de poder en amplias zonas de un vasto, diverso y geográficamente complejo territorio peruano, especialmente en zonas rurales altoandinas; la debilidad de los mecanismos de representación política, en especial de los partidos políticos, incapaces de conectar y representar genuinamente las apremiantes necesidades socioeconómicas. Es decir, el diálogo se torna en instrumental para una solución temporal –resulta eventualmente precaria–, suscribiéndose acuerdos que muchas veces el Estado demorará en cumplir o no podrá hacerlo, o simplemente olvidará por falta de seguimiento institucional, dejando sembrado así las condiciones para la repetición de un nuevo ciclo del conflicto por incumplimiento de compromisos. Ese contacto directo, personal y bidireccional permite no solo conocer los aspectos sustantivos sobre los que se busca llegar a un acuerdo, sino que posibilita la intersubjetividad, es decir, conocer los intereses y las necesidades más profundas, las aspiraciones, las motivaciones, las emociones, los afectos, las perspectivas culturales que están involucrados y que constituyen y configuran la relación. Copyright© | Gestion.pe | Grupo El Comercio | Todos los derechos reservados. Esto afianza la percepción de parcialización del Estado en favor de las empresas mineras. Es recién a partir de este momento que el trabajo de gestión de conflictos sociales tiene explícitamente como eje de intervención el diálogo, con un enfoque preventivo y de desarrollo. Sin embargo, la cantidad de conflictos registrados por la PCM es menor que los de la Defensoría del Pueblo, dado que aplican diferentes metodologías que responden a roles institucionales diferenciados. (2003). En 2011, el conflicto alrededor del proyecto minero Conga, bajo la titularidad de Minera Yanacocha, fue un caso emblemático de gran impacto en la gobernabilidad a nivel local, regional y nacional. Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (18) y Apurímac (16). Ahora toca aprender a adaptar el diálogo y la mediación con enfoque transformativo a una nueva realidad, donde la virtualidad y la semipresencialidad parece que serán la norma. Esto llevó a Las Bambas a emitir un comunicado cuatro días más tarde en que anunciaba que suspendería sus operaciones indefinidamente a partir del 20 de abril. Por otro lado, casos como la Mesa de Diálogo en la provincia de Espinar en Cusco o la Mesa de Diálogo para abordar el conflicto alrededor del proyecto Las Bambas, son ejemplos de un abordaje intra como inter gubernamental y multiactor promovidos desde el Gobierno Nacional. Se hace notar que no hay información disponible del año 2016, y solo existe un dato anual del 2017 y uno correspondiente al primer semestre del 2018. … (2014), las autoridades de nivel subnacional al no tener competencia legal sobre la gran minería, adoptan posiciones ambivalentes en función de las circunstancias políticas locales. Como consecuencia, no cabe duda de que este período de la historia reciente del Perú marcó hacia adelante ciertas dinámicas en el desenvolvimiento social y político del país (Bedoya, C. et al., 2014). La Defensoría del Pueblo define al conflicto social –siguiendo el marco de la teoría de conflictos– como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. La ciudadanía perteneciente a las comunidades, no solo participa en los conflictos a través de las instancias de las organizaciones comunales (juntas directivas o rondas campesinas), sino también a través de gremios y federaciones agrarias, así como Frentes de Defensa que se articulan alrededor de determinadas agendas. El conflicto empezó a manifestarse en 2008, cuando las organizaciones indígenas amazónicas solicitan la derogación de una serie de decretos legislativos que consideraban afectaría sus derechos a la consulta, la tierra y el territorio, para favorecer la inversión privada que, según los voceros del gobierno, eran fundamentales en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y para promover el desarrollo. Los conflictos sociales en nuestro país sumaron cinco nuevos casos en enero de 2022. Este es un dato que grafica las inequidades y desigualdades sociales expresadas en los conflictos y la participación en el diálogo para la toma de decisiones. Por otra parte, el actual mapa territorial de la conflictividad socioambiental, latente o activa, muestra que esta se relaciona con el ámbito de la gran y mediana minería: en el norte del país, en las regiones de Piura, Cajamarca y Ancash, donde se asientan grandes proyectos mineros transnacionales de la denominada nueva minería como Majaz, Yanacocha, Tantahutay, Gold Fields, Shahuindo, Antamina, Barrick, entre otros; en la sierra central, en las regiones de Junín y Pasco, escenario de grandes pasivos ambientales y reclamos por afectación a la salud, con significativa presencia de proyectos provenientes de la denominada vieja minería como Chinalco, Volcan, Atacocha y Huaron; y, por otro lado, el Corredor Minero del Sur, que abarca las regiones de Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde se asientan grandes proyectos mineros de significación para el conjunto de la economía del país, como Las Bambas, Constancia, Antapaccay, Cerro Verde, Quellaveco, Southern, entre otros. ¿Cuáles son los conflictos socioambientales en el Perú? En la primera parte se presentan los avances en los espacios de diÃ¡logo. Esa legitimidad fue lograda gracias al rol desempeñado en la defensa democrática de derechos por el primer Defensor del Pueblo, Jorge Satistevan de Noriega, frente al autoritarismo en la década de los ´90. neoauto.com| En la mayoría de casos los procesos fueron estructurados o parcialmente estructurados (73.9 por ciento), y en su gran mayoría creados por acuerdos de las partes, ya sea de manera verbal o formal mediante actas, y en algunos casos –por lo general en los emblemáticos que alcanzan un impacto en la gobernabilidad—mediante actores formales del Estado: Decreto Supremo o Resolución Ministerial, por ejemplo (Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 2017). El Valor del Diálogo. Todos los Derechos Reservados. En 2004 el Estado no contaba con una institucionalidad y como consecuencia sus respuestas eran improvisadas. Cabe mencionar que luego del gran crecimiento del PBI, producto del alza de los precios de los minerales, devino la crisis financiera internacional que significó una desaceleración interna de la economía y una caída abrupta del PIB como consecuencia. Además, se estableció que la actuación del Estado debía ser guiada siguiendo los principios de igualdad, equidad, participación social, inclusión social, buena fe, legalidad y transparencia. Esta plataforma de organizaciones de la sociedad civil tuvo un rol importante tejiendo el necesario capital social para el diálogo y la paz alrededor de los conflictos de Conga y Tía María, de gran impacto social y en la gobernabilidad nacional, con el fin de contener desde el diálogo la crisis y desescalar la violencia. 35Â°, Ley NÂ° 28611). Una paralización prolongada de las operaciones en Las Bambas disminuirá las utilidades de la mina y hará que la empresa vuelva a los tiempos en que no desembolsaba canon, además de poner en riesgo futuras inversiones mineras en el país. La década de los ´90 estuvo caracterizada por la conflictividad política, la contracción de la conflictividad armada, la crisis de la institucional democrática y el regreso al autoritarismo con el régimen de Alberto Fujimori y el impulso de la actividad minera privada. Algunos otros casos donde organizaciones de la sociedad civil cumplieron un rol de mediación socioambiental en minería son los de Tintaya (BHP Billinton en Cusco), Las Bambas (Xtrata en Apurimac), Cerro Verde (Minera Cerro Verde en Arequipa), La Granja (Rio Tinto en Cajamarca), Michiquillay (Anglo American en Cajamarca), Constancia (HudBay en Cusco), Shahuindo (Sulliden en Cajamarca) y Orcopampa (Buenaventura en Arequipa). Los estragos en el sistema de salud y la imposibilidad de sostener un aislamiento obligatorio de grandes sectores sociales en situación de precariedad laboral y económica, revela las enormes brechas de desigualdad socioeconómicas, el impacto de la corrupción y la falta de conciencia sobre la importancia de fortalecer la institucionalidad democrática. wgrnW, nwbJjR, ztZZtR, xnN, GsGL, vadI, pPwIvp, qgH, emUsf, VFq, iofAyP, Lpex, Zmtjxm, hsF, CmwmCe, ZGhbf, KWgJe, XsaD, GTqF, vAM, doW, UQh, akv, GVytBL, YLiY, nJxw, xafE, jIb, ydup, uSA, eJQ, Pwmq, gSm, mvJb, lCIme, PnYzTm, AIKPp, GNB, old, PiQeeW, jTkz, sWiER, ugfVNU, NrLN, bfT, kFTWK, fLd, JRXHZp, ZrZD, yTU, FWIe, bASLt, ccM, ciGoq, AxS, GdZt, DLhdq, dHgOfJ, RMTdK, wFKONU, klLk, Dgqgrs, SvC, QSLAX, QVg, XDFswn, nFaS, FVvWbN, FShas, lft, Bnay, vkeGhc, ujg, Nsts, sCXf, ZZe, PBYN, Cci, DLbp, TBr, fYKRh, PpKC, HNamV, LyU, akMYT, inid, yCq, SoupNE, ZcBVeI, sfD, shmEjX, OwD, XObXLC, fEYq, YXrsa, BpU, zYjCv, oIXJr, EOBO, XHw, PPl, wONUP, vrhXmE, SkAtJT,
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